Una bandera con la palabra paz, conformada por armas de fuego en desuso, presidió la performance artística que organizaciones sociales argentinas realizaron el lunes en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del gobierno.

Hasta allí llevó su reclamo y sus propuestas la Red Argentina para el Desarme conformada por ONG como Red Solidaria, Espacios, Inecip, Madres del Dolor, APP, La Casa del Sur, La Comuna, Fundación Lebensohn y el grupo artístico Reciclarte, entre muchas otras individualidades y colectivos.

El presidente argentino, Néstor Kirchner recibió el petitorio de las organizaciones y se pronunció por un modelo "restrictivo" en materia de control de armas de fuego y municiones.

"Estamos pidiendo una política integral de control de armas", dijo a Darío Kosovsky, vocero de la Red Argentina para el Desarme en el acto. El planteo de las organizaciones se basa en un aumento de los controles sobre las armas secuestradas e incautadas, la modificación del Renar (Registro Nacional de Armas) y capacitación para el personal de las fuerzas. También reclamaron el sumplimiento de la legislación que establece que las armas incautadas y decomisadas deben registrarse y luego ser destruidas.

La Red Argentina para el Desarme funciona como tal desde 2004, en entidades diversas de varias provincias argentinas se agruparon para hacer más afectivas sus propuestas y reclamos. Sin embargo, desde el año 2000 algunas de ellas trabajan en la elaboración y concreción de propuestas vinculadas a la convivencia, el control de armas, el desarme y la participación comunitaria en políticas públicas preventivas en materia de seguridad.

Un caso fue el detonante que movilizó a familiares de víctimas de la violencia armada, artistas y organizaciones en Buenos Aires: fue el de un joven que disparó a mansalva, con arma obtenida legalmente, y que ocasionó la muerte a una de sus víctimas y heridas a otras 6 personas.

"Cada vez más crímenes con armas legales", tituló el semanario Perfil el domingo a una extensa nota en la que analiza el "uso indiscriminado de las armas de fuego para resolver conflictos interpersonales". En Argentina, según un estudio de la Fundación Lebensohn, mueren 2 personas por día de esa manera. "Cuando hay un problema y, además, un arma al alcance de la mano, un conflicto menor, banal o trivial termina con la muerte", dijo al canal de televisión TN uno de los fundadores de la Red Argentina para el Desarme y ex viceministro de Seguridad de la provincia de Mendoza, Gabriel Conte.

Las ONG ya habían mantenido reuniones con anterioridad tanto con el ministro del Interior, Anibal Fernández como con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi. Fueron innumerables los encuentros con parlamentarios. Sin embargo, sus voceros señalaron que “a pesar de haber mantenido reuniones en reiteradas oportunidades con funcionarios de primer nivel, nunca hemos logrado que el tema sea considerado como política de Estado ni que se diseñara una política integral al respecto. Por ello, esta vez, llevaron sus planteos hasta el despacho del Presidente.

Una de las solicitudes es "la implementación de programas para mejorar el control y el manejo de los arsenales de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y su debida capacitación". A eso se une el reclamo por el cumplimiento de la ley que establece la elaboración del Registro de Armas Secuestradas e Incautadas. Ambas iniciativas buscan eliminar el mercado negro, surgido de las fisuras del actual sistema.

"Ahora, las armas incautadas o secuestradas por la policía quedan a disposición de la Justicia. Pero no están registradas y es una especie de limbo. Así se da lugar a que puedan ser ilegalmente alquiladas o vendidas. Con el Registro, los jueces y las fuerzas de seguridad deberían informar en un plazo máximo de diez días posteriores al secuestro los detalles del arma y luego se realizaría un seguimiento hasta su destrucción", explicó Kosovsky, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) al diario Página/12, este martes. La puesta en marcha de ese sistema, promulgado por el Ejecutivo en octubre de 2004, requeriría de la construcción de depósitos con las medidas de seguridad necesarias para guardar el material incautado.

En tanto, el centro de la polémica de los últimos días ha sido el ente que registra las armas de fuego, el Renar. La propuesta de la Red apunta a su "fortalecimiento institucional, dotándolo de capacidades y fondos que le permitan ser autónomo frente a la asociación de productores, vendedores y usuarios de armas, que hoy administra los recursos". Según Kosovsky, "en el Renar, es necesario cambiar el sistema de financiamiento y convertirlo en generador de políticas públicas. Debe reformarse su concepción y debe poder usar la información que maneja".

Pero, en lo inmediato, le pidieron al Presidente Kirchner "la incorporación de medidas de estricto control y limitación del otorgamiento de tenencias y portaciones de armas de fuego por parte de la población civil, en especial, en lo que respecta a los requerimientos psíquico-físicos".

"No, no me pidieron examen psicofísico", admitió el jueves 20 de julio ante el programa de televisión "El juego limpio" que conduce el prestigioso periodista Nelson Castro el referente de quienes defienden las actuales políticas del Renar y representan a las casas de ventas de armas y clubes de tiradores, Ricardo Rio. Es que el entrevistado sostiene que “han mejorado sustancialmente los requisitos del Renar", a tal punto –según acotó el conductor- que cuando se los pidieron a él no exigía ese examen y ahora si. "Pero entonces –se preguntó Castro- ¿cuántas personas hoy en día tienen armas legalmente sin contar con estudios psiquiátricos?

Los detalles del plan se completan con programas de capacitación y para el seguimiento del uso y abuso de armas de fuego por parte de las diversas policías, políticas agresivas contra el tráfico, la tenencia y la portación ilegal de armas, campañas de concientización y prevención de la violencia armada y programas de recolección y destrucción de armas.

Mientras esto ocurre, en el Congreso argentino y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se debaten proyectos que buscan articular partes de lo que podría ser, en el futuro, un plan integral de control de armas y municiones. Las organizaciones y los familiares de las víctimas de la violencia armada aguardan que esto no resulte una discusión coyuntural, sino el cambio que hace falta.

Fuentes: Perfil, Pagina 12, TN, La Nación